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Castaños Guzmán dice que el país está obligado a enjuiciar a los involucrados en soborno de Odebrecht

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la República Dominicana está obligada a enjuiciar a las personas involucradas en el escándalo de sobornos de Odebrecht porque forma parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y porque dispone de una ley especial sobre sobornos.

“Cuando tú lees esa Convención y la ley nuestra, te digo que a la República Dominicana no le queda de otra que no sea llevar ese caso (Odebrecht) hasta las últimas consecuencias”, expresó Castaños Guzmán.

Señaló que aunque el gobierno quisiera silenciar el escándalo y proteger a los involucrados, en este caso es muy difícil porque se trata de acuerdos internacionales vinculantes y el gobierno de Estados Unidos tiene todas las informaciones de los sobornos de Odebrecht.

“El poder tiene sus límites aun cuando se crea que el poder es absoluto. Aquí se rompieron reglas del comercio internacional. Ese interés que tiene Estados Unidos de que se llegue hasta el final es porque se le rompieron reglas de comercio internacional a ese país”, dijo Castaños Guzmán al ser entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, canal 9.

Recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de todos los países del mundo y que  el 62% del comercio mundial la moneda que utiliza es el dólar norteamericano.

“Ese tema del soborno, cuando se definen los tipos penales, no hay para nadie, más cuando República Dominicana tiene un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, que realmente nos pone una serie de limitaciones”, agregó el vicepresidente de Finjus.

Afirmó que el país tiene compromisos de comercio internacional, lo cual a diferencia de las presiones políticas, origina presiones por no haber cumplido con esos compromisos.

Castaños Guzmán indicó que cuando se ve el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se concluye que ya todo se investigó.

“Frente a una empresa que admite que pagó sobornos, frente a un intermediario que dice que recibió lo que se dio para sobornar, frente a un informe del Departamento de Justicia que dice que Odebrecht le comunicó que le había dado a un intermediario en la República Dominicana 92 millones de dólares para que fuesen destinados al soborno”, expresó Castaños, no queda duda de que “esa investigación está hecha”.

Aunque admitió que no conoce la estrategia que sigue el Ministerio Público en la investigación, Castaños señaló que le extraña mucho que el procurador general Jean Alain Rodríguez no haya involucrado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a la Superintendencia de Bancos, que a su juicio son dos entidades clave para determinar el movimiento del dinero destinado a sobornos.

“En los casos de corrupción, a la primera institución que hay que involucrar, es a la Dirección General de Impuestos Internos. Aquí el Ministerio Público ha sido renuente para solicitarle asistencia a esa institución.  El director de Impuestos Internos declaró que no había sido llamado por el Ministerio Público en este caso”, expresó del ejecutivo de Finjus.

Dijo que el Ministerio Público de Panamá, de Colombia, de Perú, Ecuador y de Bolivia, que también tienen investigaciones abiertas sobre el escándalo de Odebrecht, lo primero que hicieron fue llamar a Impuestos Internos para que le aportara datos del pago de tributos de los encartados.

“Un aliado fundamental en una investigación de este tipo es Impuestos Internos porque si hay un intermediario haciendo transacciones, esa persona o empresa tiene que pagar el Itebis y ahí se puede determinar culpabilidad o inocencia”, sostuvo Castaños Guzmán, quien agregó que igual relevancia tiene la Superintendencia de Bancos porque se supone que montos de ese tamaño pasaron por los bancos.

“Quisiera pensar que esas gestiones se están haciendo en forma discreta, porque si no se va a las fuentes fundamentales, eso se puede caer en un tribunal”, advirtió el experto.

Criticó la forma cómo se están llevando las investigaciones porque a su juicio hay un protagonismo mediático muy alto, además de que el allanamiento fue hecho una semana después de que Marcelo Hokje, gerente de Odebrecht, fue interrogado por el Ministerio Público.

“Si hubiese sido yo, hago el allanamiento en el mismo momento que estaba interrogando al gerente de Odebrecht, no una semana después, porque a fin de cuentas no van a encontrar nada, si es que pudo haber algo ahí”, apuntó.

Consideró que al conocerse el escándalo de Odebrecht, “el país tocó fondo. Es lamentable que una vez más la República Dominicana esté ocupando las primeras planas en la mayoría de los países del mundo”.

Declaró que cuando uno analiza el caso Odebrecht se concluye que el sistema político dominicano se tiene que revisar porque hablar de que es un asunto que comenzó en el 2001 y fue recién que se descubrió, “lamentablemente es un tema del sistema político, no de un partido particular”.

Castaños Guzmán expresó que la Finjus ha insistido mucho en que hay que reglamentar para que se identifique a los donantes de los partidos políticos y que se establezcan topes en todos los procesos de campaña electoral, “era advirtiendo de que cosas como estas no se dieran”.

Relató que en la década del noventa, a él le tocó como embajador manejar toda la parte legal de la política exterior del gobierno dominicano y junto a Flavio Darío Espinal, actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, le tocó trabajar y socializar la Ley de Sobornos promovida por la Convención Interamericana contra la Corrupción,  cuyo eje principal es todo lo relacionado al soborno.

“A Flavio y a mí nos tocó socializar esa convención que se ratificó en el año 1998 y a mí me tocó cuando era consultor jurídico del Congreso Nacional impulsar todos los compromisos que habíamos asumido desde la Convención con la finalidad de que República Dominicana tuviera una ley de sobornos, que es la 448-06”.

Dijo que la ley especial sobre sobornos establece sanciones penales de tres a diez años y condena del duplo del monto sobornado a quienes dan el soborno y a quienes lo reciben.

Advirtió que aparte de las razones legales, el país tiene riesgos económicos si no sanciona a los culpables de dar y aceptar sobornos.

“Si nosotros no le damos respuesta a este caso, la inversión extranjera buena no va a venir a este país y va a venir la inversión extranjera mala, que es la que está acostumbrada a ese tipo de travesuras: a estar sobornando funcionarios y sobre la base de los sobornos hacer negocios en países como los nuestros”, señaló Castaños Guzmán.

La comisión

En relación con la comisión designada por el presidente Medina, de la que él forma parte, Castaños Guzmán dijo que este tipo de comisiones, “aunque no son usuales”, son legales porque la base está en la ley de ética y la ley orgánica de administración publica que le da facultad al Presidente de la República para crear comisiones de esta naturaleza.

Dijo que parece que el presidente Medina tiene una preocupación personal en que se investigue, porque “no nos consultó a ninguno para integrar la comisión. A mí no me hubiera gustado estar en la comisión”, señaló Castaños Guzmán, pero no obstante, dijo que la asume con responsabilidad.

Pidió esperar a ver lo que va a pasar en la comisión porque es muy posible que se tenga que contratar una consultora internacional para hacer los trabajos técnicos.Expresó que tanto Isidoro Santana, actual ministro de Economía, como Ramón Flores, los dos miembros del comité de licitación de las plantas de Punta Catalina que no firmaron la adjudicación del contrato a Odebrecht, dieron informaciones “sumamente valiosas”, pero se negó a revelarlas porque la comisión va a agotar una etapa de investigación y luego informará a la ciudadanía.

 

 

 

 

pablomckinney

Periodista y escritor. Columnista. Productor general y conductor del programa McKINNEY: La Entrevista. Sábados 11:00 p.m. para Color Visión. Contacto: 809 683-2208 (oficina) 809-321-8146 (móvil).

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